La UCR pidió el juicio político contra el presidente Alberto Fernández

Nacionales - Política 27 de diciembre de 2022 Por Bruno Maximiliano
El bloque de dipútados parte de Juntos por el Cambio motivó la denuncia en su "mal desempeño". Además reclamó que "desobedece el fallo de la Corte Suprema con un ardid malicioso".
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La UCR pidió el juicio político contra el presidente Alberto Fernández

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación Alberto Fernández por mal desempeño y eventual comisión de delitos. Consideran que el Presidente desobedece el fallo de la Corte Suprema con un ardid malicioso: querer pagar la coparticipación porteña con bonos.

Este nuevo pedido de remoción tiene como marco la decisión del Gobierno nacional de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación. El proyecto presentado por los diputados radicales, que encabeza el presidente del bloque Mario Negri y está acompañado por el resto de los integrantes, estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal. El proyecto además hace un repaso por las últimas decisiones tomadas por el Gobierno tras conocerse el fallo de la Corte Suprema.

"El día lunes 26 de diciembre, luego de que el Estado Nacional fuera notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la CABA, el Presidente informó que iba a acatar la orden judicial, a pesar de seguir considerándola inapropiada y que lo iba a hacer con bonos, a 90 días. Ello a pesar de que la sentencia recaída en autos era clarísima en el sentido que expresaba: “…II. Disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.”

"En este sentido consideramos que la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 de la Jefatura de Gabinete de Ministros ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que como medida cautelar ordenó el Máximo Tribunal con títulos de la deuda pública (Bonos del Tesoro TX31) lo cual implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto toda vez que el decisorio no versa sobre el reconocimiento de deuda devengada –el punto será materia de resolución cuando se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión- sino de una medida cautelar que dispuso que durante la tramitación del proceso debe reintegrarse una porción del índice de coparticipación detraído por las normas impugnadas, en forma diaria y por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos", indica el comunicado de la Unión Cívica Radical.

"En rigor, la DA N° 1.282/2022 constituye un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales", exponen y agregan: “Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, explican los diputados radicales.

Fuente: ámbito

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