En el documento se expone, de forma pormenorizada, el trabajo transversal del Gobierno de Jujuy, en sus áreas de incumbencia, en la lucha contra las violencias hacia las mujeres y la comunidad LGBT + en el marco de los Derechos Humanos. El informe es de acceso público y se puede descargar ingresando a https://bit.ly/39cSZt0

“Como órgano de aplicación vemos necesario transversalizar las políticas de género y diversidad, por eso este informe excede al trabajo de Consejo para ser un trabajo del Gobierno de la provincia”, remarcó la funcionaria e indicó que “el informe se remite a diputados y diputadas y a la comunidad para que conozca que es lo que se hizo”.

En el informe se detallan las medidas encaradas por la provincia, la asistencia económica a víctimas de violencia de género como a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, los programas productivos e inclusión laboral, el acceso a la vivienda, las campañas de difusión y prevención, las instancias de educación, lo vinculado a la salud y a la seguridad, el trabajo articulado con las municipalidades y comisiones municipales, la función del Consejo Asesor Ad-honorem, los protocolos de actuación, los convenios suscriptos y otras acciones estatales.

Martínez destacó “la creación de cuatro Centros de Atención Integral a Mujeres en situación de violencia en Monterrico, Yuto, Susques y Purmamarca a solicitud de la Ley”, que se suman a “la creación de otros centros que el Gobernador de la Provincia consideró necesarios en San Antonio y Puesto Viejo”. En esa línea, valoró la creación de refugios a partir de los convenios con hoteles, y con capacitación del personal, para atender a las 65 mujeres en situación de violencia refugiadas durante el 2021”.

 Indicó que “en la provincia hay 19 centros de atención a mujeres en situación de violencia y un centro integral de atención a personas de la diversidad”. Agregó que el 2015 Gerardo Morales decide esta política pública que impulsa la creación de los centros”.

 La funcionaria puntualizó que 3.800 mujeres recibieron atención por parte de los equipos interdisciplinarios “que se esfuerzan cada día para llevar la atención a las usuarias y para bajar el riesgo en la que la encontramos”.

 Destacó la “tarea de prevención a partir de la capacitación de Ley Micaela que llegó a miles de personas, fundamentalmente a las fuerzas de seguridad”, como así también la confección de la guía sobre Ley Micaela. Añadió “el trabajo con la Ley Brisa de reparación económica para hijos e hijas de victimas de femicidio” y los subsidio otorgados a mujeres en situación de violencia que “asciende a 3 millones de pesos”.

 La titular del Consejo valoró el trabajo articulado con los organismos internacionales como la organización Internacional del Trabajo para poner en marcha el convenio 190 para la lucha contra la violencia y el acoso laboral.

 Por último, indicó que el informe cuenta con Registro Provincial de Femicidios en el que se detalla con número de expediente el avance de cada caso y remarcó que “es decisión del Gobierno de Jujuy de actuar como querellante para solicitar las máximas penas para los femicidas y para que ningún caso quede impune”.